La decisión del Gobierno de recortar Tajo-Segura supone una transformación del regadío de la cuenca del Segura. La intención de Ministerio de Transición Ecológica de compensar los 110 hectómetros cúbicos que dejarán de llegar en 2017 con desalación no se considera viable por los agricultores. Ni hay infraestructura para llevar ese agua a todos los usuarios ni pueden pagar el precio, ni siquiera con las subvenciones que ha anunciado el Gobierno y la Generalitat Valenciana.
El recorte del trasvase no puede compensarse con desalación, que no llega a toda la cuenca, su producción tiene un alto coste energético y puede ser perjudicial para suelos y cultivos.
Los regantes pagan en la actualidad 0,16 euros/m3 y en ese precio está incluido el bombeo del agua trasvasada hasta las explotaciones y la amortización de la infraestructura, que va destinada a compensar a los municipios ribereños. La desalinizada se multiplicará a pesar de que el Ministerio se ha comprometido a subvencionarla fijando un precio de 0,34 euros/m3. Pero a esto hay que sumar un 10% de IVA, un 15% por pérdidas en la conducción, más 0,04 euros de peaje. A cada comunidad el metro cúbico le cuesta 0,47 euros y le carga de media 0,10 más por los costes. «Esto supone que el precio final es 0,58 euros, cuatro veces más», explica Lucas Jiménez, presidente de SCRATS. Según el profesor de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, no hay rentabilidad en una mediana explotación si el agua cuesta más de 0,30 euros.
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